La temible Mara Salvatrucha o MS13. De una pandilla callejera de jóvenes exiliados en Estados Unidos por la guerra civil en Centroamérica, actualmente es una de las organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas, con amplia influencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros países. Varios de sus líderes han sido condenados por narcoterroristas. Los ritos de iniciación incluyen golpizas y el asesinato de algún miembro de pandillas rivales. Las mujeres son sometidas a vejámenes sexuales. Actualmente muchos de sus miembros han dejado de utilizar sus característicos tatuajes para evitar a las autoridades.
Tatuajes, ritos de sangre, códigos de silencio, juramentos de lealtad al grupo, a los santos o la deidad son el sello de identidad y secretismo de las mafias y organizaciones criminales. En las últimas décadas se ha extendido en el ámbito de la narco-cultura el culto a la Santa Muerte, una especie de espiritualidad asociada al estilo de vida y las muertes brutales a las que están sujetos los miembros de estos grupos criminales, incluidos rituales y prácticas extremas de canibalismo entre bandas rivales, como se ha dado el caso entre algunos carteles mexicanos. Constituye un aditamento sectario que transgrede la moral imperante en la sociedad y el Estado al cual le disputan territorialidad y espacios de poder.
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Conceptualización
El crimen organizado transnacional constituye un fenómeno delictivo complejo caracterizado por la actuación de estructuras criminales estables que operan más allá de las fronteras nacionales, persiguen beneficios económicos mediante actividades ilícitas y recurren de forma sistemática a la violencia, la corrupción y el blanqueo de capitales para garantizar su funcionamiento, expansión y permanencia.
Diversos organismos internacionales, entre ellos Interpol, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Consejo de Europa, han identificado una serie de características comunes que permiten reconocer a una organización criminal.
Con el propósito de determinar si una actividad delictiva puede calificarse como delincuencia organizada, la Unión Europea adoptó durante años un conjunto de once indicadores de referencia, de los cuales debían verificarse al menos seis. Dichos indicadores son los siguientes: 1) participación o colaboración de varias personas (al menos tres individuos); 2) comisión de actividades ilícitas o delitos graves; 3) continuidad de la actividad delictiva en el tiempo; 4) búsqueda de beneficios económicos o materiales, así como de poder e influencia; 5) existencia de una estructura organizativa con distribución de funciones y tareas; 6) presencia de jerarquía, disciplina y mecanismos de control interno; 7) capacidad para desarrollar operaciones de alcance transnacional; 8) utilización de estructuras comerciales o empresariales; 9) empleo de la violencia, la coacción u otros métodos de intimidación; 10) capacidad para ejercer influencia mediante prácticas corruptas; y 11) realización de operaciones de blanqueo de capitales (lavado de activos).
De estos indicadores, los cuatro primeros eran considerados esenciales, mientras que, de los siete restantes, debían concurrir al menos dos más para considerar configurada una organización criminal.
Contexto: la nueva etapa del crimen organizado
Más allá de las mafias tradicionales —las organizaciones italianas e italoamericanas, la yakuza japonesa y las triadas chinas—, el final de la Guerra Fría marcó el surgimiento de una nueva etapa para el crimen organizado. Durante la década de 1990, la desintegración de la Unión Soviética y los profundos procesos de transformación política, económica y social en Europa Oriental y los Balcanes favorecieron la expansión de poderosas organizaciones criminales provenientes de Rusia y otros países de la región. La debilidad institucional de numerosos Estados, e incluso la aparición de Estados fallidos y señores de la guerra en determinados escenarios, generó condiciones propicias para su desarrollo.
Paralelamente, los carteles del narcotráfico de Colombia y México experimentaron una profunda evolución organizativa. Desde la década de 1980, estas estructuras criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación con el propósito de sobrevivir a la presión estatal, diversificar sus actividades ilícitas y ampliar su influencia sobre distintos sectores sociales, económicos e institucionales.
La globalización, junto con los avances en el transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, contribuyó a profundizar la dimensión transnacional del crimen organizado. La expansión de internet, la telefonía móvil y las redes digitales permitió a las organizaciones criminales operar con mayor rapidez, flexibilidad y alcance geográfico, facilitando la coordinación de actividades ilícitas a escala global.
En este contexto adquirió creciente relevancia la ciberdelincuencia, una modalidad que ofrece importantes ventajas operativas para los delincuentes debido a la posibilidad de actuar a distancia, reducir su exposición física y dificultar la identificación de los responsables. Surgió así una nueva categoría de actores especializados en delitos informáticos, mientras que las organizaciones criminales comenzaron a utilizar de forma sistemática espacios como la Deep Web y la Dark Web, así como diversos mecanismos de pago digital y criptoactivos para realizar transacciones ilícitas, ocultar identidades y facilitar el movimiento de fondos.
Las transferencias electrónicas y las nuevas tecnologías financieras también ampliaron las posibilidades para el blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, surgieron nuevas modalidades delictivas o se perfeccionaron otras ya existentes, entre ellas el secuestro virtual, el fraude informático, la clonación de tarjetas de crédito, el tráfico de datos personales, el ransomware y la falsificación digital de documentos.
Como resultado de estos procesos, el crimen organizado contemporáneo ha alcanzado niveles inéditos de proyección internacional, diversificando sus actividades, ampliando sus redes de cooperación y aumentando significativamente su capacidad de adaptación frente a los esfuerzos de prevención y represión estatal.
América Latina: crimen organizado y nuevas amenazas
Las nuevas modalidades operativas del crimen organizado transnacional también se han consolidado en América Latina. Estas estructuras criminales conviven con otras fuentes de inestabilidad regional, entre ellas el crecimiento acelerado de grandes áreas urbanas, los elevados índices de violencia, las migraciones forzadas, la debilidad institucional y la existencia de extensas fronteras de difícil control. Tales condiciones favorecen la circulación de personas, mercancías y capitales ilícitos, permitiendo a las organizaciones criminales ampliar su radio de acción y diversificar sus actividades.
La agenda delictiva regional es cada vez más compleja. A las tradicionales actividades vinculadas al narcotráfico se suman el tráfico ilícito de armas, la trata y el tráfico de personas, el blanqueo de capitales, la explotación sexual de menores, el secuestro, la extorsión, los delitos medioambientales, la minería ilegal, el contrabando y diversas modalidades de ciberdelincuencia. Asimismo, continúan operando estructuras altamente violentas, como las maras centroamericanas, junto con organizaciones criminales originadas en Colombia, México, Brasil y Venezuela, cuyas redes se han expandido progresivamente por buena parte del continente.
Entre las principales amenazas destaca el narcotráfico. Los mayores productores mundiales de cocaína se encuentran en Sudamérica, particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que Paraguay se ha consolidado como uno de los principales productores regionales de cannabis. Paralelamente, el mercado de las drogas sintéticas ha experimentado un notable crecimiento durante las últimas décadas. Sustancias como el fentanilo, un opioide sintético de elevada potencia, han generado graves crisis sanitarias en distintos países debido a su alta capacidad adictiva y al riesgo de sobredosis, especialmente cuando es mezclado con otras drogas o incorporado a medicamentos falsificados producidos en laboratorios clandestinos.
En México operan centenares de organizaciones criminales articuladas alrededor de una decena de grandes carteles que mantienen una intensa disputa por territorios, rutas de tráfico y mercados de consumo. Estas organizaciones han desarrollado una notable capacidad de adaptación, incorporando nuevas tecnologías, diversificando sus actividades ilícitas y ampliando sus vínculos internacionales.
Por otra parte, en algunos escenarios latinoamericanos se observa una creciente convergencia entre organizaciones criminales y grupos armados irregulares. Si bien el terrorismo y el crimen organizado poseen objetivos diferentes —el primero persigue fines ideológicos o políticos, mientras que el segundo busca prioritariamente beneficios económicos—, en la práctica pueden establecer relaciones de cooperación vinculadas al financiamiento, la logística o el control territorial. Ejemplos de esta convergencia pueden encontrarse en determinadas disidencias de las antiguas FARC, en el ELN colombiano y en otras organizaciones armadas involucradas en economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
La evolución del fenómeno criminal también ha dado lugar a organizaciones híbridas de gran capacidad operativa. Entre ellas sobresalen el Tren de Aragua, originado en Venezuela, así como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), ambos surgidos en Brasil. Estas organizaciones han extendido sus actividades más allá de las fronteras nacionales mediante redes flexibles de colaboración criminal, diversificando sus fuentes de ingresos y consolidando su presencia en distintos países de la región.
Particular relevancia reviste el PCC, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Su expansión se ha visto favorecida por su inserción en las principales rutas del narcotráfico sudamericano, especialmente aquellas vinculadas a la producción de cocaína en los países andinos y al tráfico de cannabis procedente de Paraguay. Además de su participación en el narcotráfico, la organización interviene en actividades como el contrabando, la falsificación de productos, el tráfico de armas y diversas formas de comercio ilícito. Su influencia se extiende incluso al sistema penitenciario, donde ha logrado establecer mecanismos de control y reclutamiento.
El crecimiento de estas organizaciones criminales tiene profundas consecuencias para la estabilidad regional. Entre ellas destacan la captura o infiltración de instituciones públicas, la corrupción de funcionarios, el debilitamiento del Estado de derecho, la erosión de las instituciones democráticas, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reducción de las inversiones productivas. La combinación de violencia extrema, capacidad económica y flexibilidad organizativa convierte a estas estructuras en uno de los principales desafíos para la gobernabilidad en América Latina.
Entre los espacios más vulnerables a la actividad criminal sobresalen determinadas áreas fronterizas y corredores estratégicos. Destacan la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; el Trapecio Amazónico compartido por Brasil, Colombia y Perú; diversas zonas de frontera entre Perú, Bolivia y Chile; el estado brasileño de Amazonas, que conecta importantes rutas del narcotráfico regional; la región peruana del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro); y el denominado Triángulo Norte de América Central, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas áreas suelen caracterizarse por una limitada presencia estatal, elevados niveles de corrupción y dificultades para la cooperación internacional sostenida.
Finalmente, la actividad criminal ha evolucionado hacia estructuras más flexibles y descentralizadas. En Colombia han surgido los denominados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), mientras que en otros países proliferan clanes familiares y organizaciones de menor tamaño que operan mediante redes criminales especializadas. En Argentina, por ejemplo, la organización conocida como "Los Monos" alcanzó notoriedad por su participación en el tráfico de drogas y por la utilización de esquemas territoriales de distribución basados en puntos de venta protegidos por estructuras armadas. Este modelo evidencia la capacidad de adaptación del crimen organizado contemporáneo y su tendencia a combinar mecanismos tradicionales de control territorial con formas cada vez más sofisticadas de gestión criminal.
Corrupción, captura institucional y debilitamiento estatal
De lo expuesto se desprende que el crimen organizado transnacional constituye uno de los principales factores de debilitamiento estatal en numerosas regiones del mundo. Los costos económicos, sociales e institucionales derivados de su expansión son considerables y afectan a múltiples organismos públicos. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran la sobrecarga de los sistemas judiciales, penitenciarios y forenses, el incremento de la violencia letal, la proliferación de desapariciones de personas y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
América Latina constituye uno de los escenarios más afectados por estas dinámicas. Diversos países de la región presentan elevados índices de homicidios, corrupción e impunidad, factores que favorecen la expansión de las organizaciones criminales y dificultan la consolidación del Estado de derecho. En este contexto, la corrupción adquiere una relevancia central, ya que facilita la infiltración de estructuras criminales en organismos públicos y privados, generando fenómenos de captura institucional capaces de comprometer la eficacia de las políticas de seguridad y gobernanza.
Con el propósito de reducir estos riesgos, numerosos Estados han incorporado mecanismos de transparencia, integridad y control corporativo. En Argentina, por ejemplo, la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas estableció un régimen de sanciones aplicable a determinados delitos contra la administración pública y promovió la adopción de programas de integridad, cumplimiento normativo (compliance) y buenas prácticas empresariales destinados a prevenir conductas ilícitas dentro de las organizaciones.
Por otra parte, desde finales del siglo XX se ha desarrollado un intenso debate en torno a las denominadas "nuevas amenazas", categoría que incluye fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras formas de violencia no convencional. Esta discusión dio origen a nuevas concepciones de la seguridad pública y nacional, así como a procesos de securitización mediante los cuales determinados problemas sociales y criminales comenzaron a ser abordados como amenazas a la seguridad del Estado.
En varios países latinoamericanos, particularmente Colombia, México y Brasil, la expansión de organizaciones criminales en territorios con escasa presencia estatal ha generado escenarios de elevada conflictividad. En algunos casos, estas estructuras han asumido funciones informales de control social, regulación económica y resolución de conflictos, ocupando espacios tradicionalmente reservados al Estado. Como consecuencia, se han producido prolongados enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones criminales por el control de territorios estratégicos, rutas de tráfico y mercados ilícitos, con un elevado costo humano y material.
Asimismo, diversos estudios han señalado la capacidad de ciertos grupos criminales para influir sobre actores políticos, económicos y sociales a nivel local, mediante mecanismos de corrupción, coerción o financiamiento ilegal. Tales prácticas contribuyen a erosionar las instituciones democráticas y a profundizar la percepción de fragilidad estatal.
En síntesis, el carácter transnacional del crimen organizado exige respuestas igualmente coordinadas a escala internacional. En este sentido, instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y las legislaciones nacionales derivadas de ella constituyen herramientas fundamentales para armonizar criterios jurídicos, fortalecer la cooperación entre Estados y mejorar la capacidad de prevención, investigación y persecución de las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Lejos de constituir un fenómeno exclusivamente policial o judicial, el crimen organizado transnacional se ha convertido en un desafío multidimensional que afecta la seguridad, la economía, la gobernabilidad y la calidad democrática de los Estados. Su capacidad de adaptación permanente obliga a desarrollar respuestas igualmente dinámicas, coordinadas y sostenidas en el tiempo. En un contexto de creciente interconexión global, la eficacia de estas respuestas dependerá, en gran medida, de la capacidad de los Estados para fortalecer sus instituciones, combatir la corrupción y profundizar los mecanismos de cooperación internacional.
Anexo documental (clicar en las imágenes para ampliar)
Fuente: Transparencia Internacional (Infobae, 2022)
Fuente: insightcrime.org
Fuente: Ministerio de Justicia y Defensa de Colombia
Fuente: elordenmundial.com
Fuente: DW
Fuente: La Razón Digital Bolivia
Clarín, edición del 25 de septiembre de 2022.
Fuente: kienyke.com
Distintos medios periodísticos destacan que la organización criminal venezolana, dedicada a la trata de personas, la explotación sexual y el narcotráfico, opera y extiende su influencia en ocho países de la región. El concepto de “vacunar” en la jerga delictiva hace referencia al pago de extorsiones. Según el The New York Times, “la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos aviva el miedo, la delincuencia y las medidas fronterizas”.
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