El crimen organizado transnacional: expansión, corrupción y violencia extrema

La temible Mara Salvatrucha o MS13. De una pandilla callejera de jóvenes exiliados en Estados Unidos por la guerra civil en Centroamérica, actualmente es una de las organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas, con amplia influencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros países. Varios de sus líderes han sido condenados por narcoterroristas. Los ritos de iniciación incluyen golpizas y el asesinato de algún miembro de pandillas rivales. Las mujeres son sometidas a vejámenes sexuales. Actualmente muchos de sus miembros han dejado de utilizar sus característicos tatuajes para evitar a las autoridades. 

Tatuajes, ritos de sangre, códigos de silencio, juramentos de lealtad al grupo, a los santos o la deidad son el sello de identidad y secretismo de las mafias y organizaciones criminales. En las últimas décadas se ha extendido en el ámbito de la narco-cultura el culto a la Santa Muerte, una especie de espiritualidad asociada al estilo de vida y las muertes brutales a las que están sujetos los miembros de estos grupos criminales, incluidos rituales y prácticas extremas de canibalismo entre bandas rivales, como se ha dado el caso entre algunos carteles mexicanos. Constituye un aditamento sectario que transgrede la moral imperante en la sociedad y el Estado al cual le disputan territorialidad y espacios de poder.

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Conceptualización

El crimen organizado transnacional constituye un fenómeno delictivo complejo caracterizado por la actuación de estructuras criminales estables que operan más allá de las fronteras nacionales, persiguen beneficios económicos mediante actividades ilícitas y recurren de forma sistemática a la violencia, la corrupción y el blanqueo de capitales para garantizar su funcionamiento, expansión y permanencia.

Diversos organismos internacionales, entre ellos Interpol, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Consejo de Europa, han identificado una serie de características comunes que permiten reconocer a una organización criminal.

Con el propósito de determinar si una actividad delictiva puede calificarse como delincuencia organizada, la Unión Europea adoptó durante años un conjunto de once indicadores de referencia, de los cuales debían verificarse al menos seis. Dichos indicadores son los siguientes: 1) participación o colaboración de varias personas (al menos tres individuos); 2) comisión de actividades ilícitas o delitos graves; 3) continuidad de la actividad delictiva en el tiempo; 4) búsqueda de beneficios económicos o materiales, así como de poder e influencia; 5) existencia de una estructura organizativa con distribución de funciones y tareas; 6) presencia de jerarquía, disciplina y mecanismos de control interno; 7) capacidad para desarrollar operaciones de alcance transnacional; 8) utilización de estructuras comerciales o empresariales; 9) empleo de la violencia, la coacción u otros métodos de intimidación; 10) capacidad para ejercer influencia mediante prácticas corruptas; y 11) realización de operaciones de blanqueo de capitales (lavado de activos).

De estos indicadores, los cuatro primeros eran considerados esenciales, mientras que, de los siete restantes, debían concurrir al menos dos más para considerar configurada una organización criminal.

Contexto: la nueva etapa del crimen organizado

Más allá de las mafias tradicionales —las organizaciones italianas e italoamericanas, la yakuza japonesa y las triadas chinas—, el final de la Guerra Fría marcó el surgimiento de una nueva etapa para el crimen organizado. Durante la década de 1990, la desintegración de la Unión Soviética y los profundos procesos de transformación política, económica y social en Europa Oriental y los Balcanes favorecieron la expansión de poderosas organizaciones criminales provenientes de Rusia y otros países de la región. La debilidad institucional de numerosos Estados, e incluso la aparición de Estados fallidos y señores de la guerra en determinados escenarios, generó condiciones propicias para su desarrollo.

Paralelamente, los carteles del narcotráfico de Colombia y México experimentaron una profunda evolución organizativa. Desde la década de 1980, estas estructuras criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación con el propósito de sobrevivir a la presión estatal, diversificar sus actividades ilícitas y ampliar su influencia sobre distintos sectores sociales, económicos e institucionales.

La globalización, junto con los avances en el transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, contribuyó a profundizar la dimensión transnacional del crimen organizado. La expansión de internet, la telefonía móvil y las redes digitales permitió a las organizaciones criminales operar con mayor rapidez, flexibilidad y alcance geográfico, facilitando la coordinación de actividades ilícitas a escala global.

En este contexto adquirió creciente relevancia la ciberdelincuencia, una modalidad que ofrece importantes ventajas operativas para los delincuentes debido a la posibilidad de actuar a distancia, reducir su exposición física y dificultar la identificación de los responsables. Surgió así una nueva categoría de actores especializados en delitos informáticos, mientras que las organizaciones criminales comenzaron a utilizar de forma sistemática espacios como la Deep Web y la Dark Web, así como diversos mecanismos de pago digital y criptoactivos para realizar transacciones ilícitas, ocultar identidades y facilitar el movimiento de fondos.

Las transferencias electrónicas y las nuevas tecnologías financieras también ampliaron las posibilidades para el blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, surgieron nuevas modalidades delictivas o se perfeccionaron otras ya existentes, entre ellas el secuestro virtual, el fraude informático, la clonación de tarjetas de crédito, el tráfico de datos personales, el ransomware y la falsificación digital de documentos.

Como resultado de estos procesos, el crimen organizado contemporáneo ha alcanzado niveles inéditos de proyección internacional, diversificando sus actividades, ampliando sus redes de cooperación y aumentando significativamente su capacidad de adaptación frente a los esfuerzos de prevención y represión estatal.

América Latina: crimen organizado y nuevas amenazas

Las nuevas modalidades operativas del crimen organizado transnacional también se han consolidado en América Latina. Estas estructuras criminales conviven con otras fuentes de inestabilidad regional, entre ellas el crecimiento acelerado de grandes áreas urbanas, los elevados índices de violencia, las migraciones forzadas, la debilidad institucional y la existencia de extensas fronteras de difícil control. Tales condiciones favorecen la circulación de personas, mercancías y capitales ilícitos, permitiendo a las organizaciones criminales ampliar su radio de acción y diversificar sus actividades.

La agenda delictiva regional es cada vez más compleja. A las tradicionales actividades vinculadas al narcotráfico se suman el tráfico ilícito de armas, la trata y el tráfico de personas, el blanqueo de capitales, la explotación sexual de menores, el secuestro, la extorsión, los delitos medioambientales, la minería ilegal, el contrabando y diversas modalidades de ciberdelincuencia. Asimismo, continúan operando estructuras altamente violentas, como las maras centroamericanas, junto con organizaciones criminales originadas en Colombia, México, Brasil y Venezuela, cuyas redes se han expandido progresivamente por buena parte del continente.

Entre las principales amenazas destaca el narcotráfico. Los mayores productores mundiales de cocaína se encuentran en Sudamérica, particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que Paraguay se ha consolidado como uno de los principales productores regionales de cannabis. Paralelamente, el mercado de las drogas sintéticas ha experimentado un notable crecimiento durante las últimas décadas. Sustancias como el fentanilo, un opioide sintético de elevada potencia, han generado graves crisis sanitarias en distintos países debido a su alta capacidad adictiva y al riesgo de sobredosis, especialmente cuando es mezclado con otras drogas o incorporado a medicamentos falsificados producidos en laboratorios clandestinos.

En México operan centenares de organizaciones criminales articuladas alrededor de una decena de grandes carteles que mantienen una intensa disputa por territorios, rutas de tráfico y mercados de consumo. Estas organizaciones han desarrollado una notable capacidad de adaptación, incorporando nuevas tecnologías, diversificando sus actividades ilícitas y ampliando sus vínculos internacionales.

Por otra parte, en algunos escenarios latinoamericanos se observa una creciente convergencia entre organizaciones criminales y grupos armados irregulares. Si bien el terrorismo y el crimen organizado poseen objetivos diferentes —el primero persigue fines ideológicos o políticos, mientras que el segundo busca prioritariamente beneficios económicos—, en la práctica pueden establecer relaciones de cooperación vinculadas al financiamiento, la logística o el control territorial. Ejemplos de esta convergencia pueden encontrarse en determinadas disidencias de las antiguas FARC, en el ELN colombiano y en otras organizaciones armadas involucradas en economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

La evolución del fenómeno criminal también ha dado lugar a organizaciones híbridas de gran capacidad operativa. Entre ellas sobresalen el Tren de Aragua, originado en Venezuela, así como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), ambos surgidos en Brasil. Estas organizaciones han extendido sus actividades más allá de las fronteras nacionales mediante redes flexibles de colaboración criminal, diversificando sus fuentes de ingresos y consolidando su presencia en distintos países de la región.

Particular relevancia reviste el PCC, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Su expansión se ha visto favorecida por su inserción en las principales rutas del narcotráfico sudamericano, especialmente aquellas vinculadas a la producción de cocaína en los países andinos y al tráfico de cannabis procedente de Paraguay. Además de su participación en el narcotráfico, la organización interviene en actividades como el contrabando, la falsificación de productos, el tráfico de armas y diversas formas de comercio ilícito. Su influencia se extiende incluso al sistema penitenciario, donde ha logrado establecer mecanismos de control y reclutamiento.

El crecimiento de estas organizaciones criminales tiene profundas consecuencias para la estabilidad regional. Entre ellas destacan la captura o infiltración de instituciones públicas, la corrupción de funcionarios, el debilitamiento del Estado de derecho, la erosión de las instituciones democráticas, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reducción de las inversiones productivas. La combinación de violencia extrema, capacidad económica y flexibilidad organizativa convierte a estas estructuras en uno de los principales desafíos para la gobernabilidad en América Latina.

Entre los espacios más vulnerables a la actividad criminal sobresalen determinadas áreas fronterizas y corredores estratégicos. Destacan la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; el Trapecio Amazónico compartido por Brasil, Colombia y Perú; diversas zonas de frontera entre Perú, Bolivia y Chile; el estado brasileño de Amazonas, que conecta importantes rutas del narcotráfico regional; la región peruana del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro); y el denominado Triángulo Norte de América Central, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas áreas suelen caracterizarse por una limitada presencia estatal, elevados niveles de corrupción y dificultades para la cooperación internacional sostenida.

Finalmente, la actividad criminal ha evolucionado hacia estructuras más flexibles y descentralizadas. En Colombia han surgido los denominados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), mientras que en otros países proliferan clanes familiares y organizaciones de menor tamaño que operan mediante redes criminales especializadas. En Argentina, por ejemplo, la organización conocida como "Los Monos" alcanzó notoriedad por su participación en el tráfico de drogas y por la utilización de esquemas territoriales de distribución basados en puntos de venta protegidos por estructuras armadas. Este modelo evidencia la capacidad de adaptación del crimen organizado contemporáneo y su tendencia a combinar mecanismos tradicionales de control territorial con formas cada vez más sofisticadas de gestión criminal.

Corrupción, captura institucional y debilitamiento estatal

De lo expuesto se desprende que el crimen organizado transnacional constituye uno de los principales factores de debilitamiento estatal en numerosas regiones del mundo. Los costos económicos, sociales e institucionales derivados de su expansión son considerables y afectan a múltiples organismos públicos. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran la sobrecarga de los sistemas judiciales, penitenciarios y forenses, el incremento de la violencia letal, la proliferación de desapariciones de personas y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

América Latina constituye uno de los escenarios más afectados por estas dinámicas. Diversos países de la región presentan elevados índices de homicidios, corrupción e impunidad, factores que favorecen la expansión de las organizaciones criminales y dificultan la consolidación del Estado de derecho. En este contexto, la corrupción adquiere una relevancia central, ya que facilita la infiltración de estructuras criminales en organismos públicos y privados, generando fenómenos de captura institucional capaces de comprometer la eficacia de las políticas de seguridad y gobernanza.

Con el propósito de reducir estos riesgos, numerosos Estados han incorporado mecanismos de transparencia, integridad y control corporativo. En Argentina, por ejemplo, la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas estableció un régimen de sanciones aplicable a determinados delitos contra la administración pública y promovió la adopción de programas de integridad, cumplimiento normativo (compliance) y buenas prácticas empresariales destinados a prevenir conductas ilícitas dentro de las organizaciones.

Por otra parte, desde finales del siglo XX se ha desarrollado un intenso debate en torno a las denominadas "nuevas amenazas", categoría que incluye fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras formas de violencia no convencional. Esta discusión dio origen a nuevas concepciones de la seguridad pública y nacional, así como a procesos de securitización mediante los cuales determinados problemas sociales y criminales comenzaron a ser abordados como amenazas a la seguridad del Estado.

En varios países latinoamericanos, particularmente Colombia, México y Brasil, la expansión de organizaciones criminales en territorios con escasa presencia estatal ha generado escenarios de elevada conflictividad. En algunos casos, estas estructuras han asumido funciones informales de control social, regulación económica y resolución de conflictos, ocupando espacios tradicionalmente reservados al Estado. Como consecuencia, se han producido prolongados enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones criminales por el control de territorios estratégicos, rutas de tráfico y mercados ilícitos, con un elevado costo humano y material.

Asimismo, diversos estudios han señalado la capacidad de ciertos grupos criminales para influir sobre actores políticos, económicos y sociales a nivel local, mediante mecanismos de corrupción, coerción o financiamiento ilegal. Tales prácticas contribuyen a erosionar las instituciones democráticas y a profundizar la percepción de fragilidad estatal.

En síntesis, el carácter transnacional del crimen organizado exige respuestas igualmente coordinadas a escala internacional. En este sentido, instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y las legislaciones nacionales derivadas de ella constituyen herramientas fundamentales para armonizar criterios jurídicos, fortalecer la cooperación entre Estados y mejorar la capacidad de prevención, investigación y persecución de las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Lejos de constituir un fenómeno exclusivamente policial o judicial, el crimen organizado transnacional se ha convertido en un desafío multidimensional que afecta la seguridad, la economía, la gobernabilidad y la calidad democrática de los Estados. Su capacidad de adaptación permanente obliga a desarrollar respuestas igualmente dinámicas, coordinadas y sostenidas en el tiempo. En un contexto de creciente interconexión global, la eficacia de estas respuestas dependerá, en gran medida, de la capacidad de los Estados para fortalecer sus instituciones, combatir la corrupción y profundizar los mecanismos de cooperación internacional.

Anexo documental (clicar en las imágenes para ampliar)

Fuente: Transparencia Internacional (Infobae, 2022) 

Fuente: insightcrime.org

Fuente: Ministerio de Justicia y Defensa de Colombia

Fuente: elordenmundial.com

Fuente: DW

Fuente: La Razón Digital Bolivia

Clarín, edición del 25 de septiembre de 2022.

Fuente: kienyke.com

Distintos medios periodísticos destacan que la organización criminal venezolana, dedicada a la trata de personas, la explotación sexual y el narcotráfico, opera y extiende su influencia en ocho países de la región. El concepto de “vacunar” en la jerga delictiva hace referencia al pago de extorsiones. Según el The New York Times, “la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos aviva el miedo, la delincuencia y las medidas fronterizas”.

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La Hidrovía Paraná-Paraguay y las nuevas rutas del narcotráfico transnacional

Clicar en la imagen para ampliar (idea-sinopsis del autor generada con IA).

Escenarios de la droga

Durante décadas, la atención internacional se concentró en las rutas del Caribe y del Pacífico como principales corredores para la exportación de cocaína hacia los grandes mercados de consumo. Sin embargo, la expansión del crimen organizado transnacional, la diversificación de los destinos y la transformación de las cadenas logísticas globales han desplazado parte del tráfico hacia el Atlántico Sur, convirtiendo a la Hidrovía Paraná-Paraguay en uno de los espacios estratégicos más disputados por las organizaciones criminales de la región.

La creciente utilización de corredores fluviales y puertos comerciales para el transporte de estupefacientes plantea nuevos desafíos para la seguridad regional. En este contexto surge una pregunta central: ¿cómo se transformó la Hidrovía Paraná-Paraguay en un corredor estratégico para el narcotráfico transnacional y cuáles son las implicancias de este fenómeno para los Estados involucrados?

La Hidrovía, que desemboca en Buenos Aires y Montevideo, se encuentra entre las principales vías de salida de la cocaína junto a los puertos de Ecuador y Chile. Desde Iquique se trafica al Extremo Oriente, Australia, la Península Arábiga y África Oriental. Desde el puerto de Guayaquil se distribuye a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. La droga se transporta a través de barcos, sumergibles y aviones, principalmente escondida entre los 2.500.000 de contenedores que salen anualmente con bananas, cacao, té y otros productos. El Tren de Aragua, la megabanda surgida en las cárceles venezolanas y expandida a través de la migración regional, cuenta con amplia influencia territorial en la Triple Frontera de Perú, Chile y Bolivia.

En la última decena de años, aparte de las rutas del Caribe y el Pacífico, se ha vuelto especialmente relevante la ruta del Atlántico hacia Europa, Asia Menor y África Occidental, en lo que se ha dado en llamar la Conexión Atlántica, con vínculos en la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, y que incluye un nuevo y codiciado destino: Australia.

La droga procede de Colombia, de los valles del VRAEM en Perú y de Bolivia, en cuyos laboratorios pueden llegar a producirse más de un centenar de kilogramos por día. Bolivia, por otro lado, se ha convertido en una de las principales plataformas aéreas de la región y, junto a Perú, concentra actualmente una porción significativa de la superficie cultivada con hoja de coca a nivel mundial.

Desde Bolivia, la droga sigue la denominada ruta Este, ya sea por vía aérea o terrestre, hacia los puertos de Río de Janeiro, Salvador y Santos. Este último es utilizado por el Primer Comando de la Capital (PCC) para contaminar parte de los 4.500.000 contenedores que se movilizan anualmente. La organización también posee una fuerte implantación en Paraguay y en zonas limítrofes, donde en 2022 un grupo de sicarios asesinó a uno de los fiscales más destacados en la investigación del crimen organizado de la región.

En la actualidad, Paraguay se ha consolidado como uno de los principales nodos logísticos para la salida de cocaína desde Sudamérica hacia mercados extracontinentales. Asimismo, continúa siendo uno de los mayores productores de marihuana del continente. Esta situación fue advertida en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reunida en La Paz, así como por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). El gobierno chileno también ha denunciado el tráfico ilegal de varios billones de cigarrillos procedentes de Paraguay, fenómeno que provoca pérdidas estimadas en 800 millones de dólares anuales para su economía.

La ruta Sur involucra el complejo Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya extensión total es de 3.342 kilómetros y abarca desde Puerto Cáceres, en Mato Grosso (Brasil), hasta Nueva Palmira (Uruguay). Incluye cinco países —Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay— y conecta más de doscientos puertos.

Los puertos de mayor profundidad actúan como centros de trasbordo y se estima que por esta vía transitan centenares de embarcaciones comerciales por mes, con decenas de miles de barcazas al año. A través de este corredor se transporta aproximadamente el 80 % del comercio exterior argentino y circulan alrededor de 1.700.000 contenedores anuales, de los cuales la Aduana controla de manera aleatoria apenas un 3 %.

El Gran Rosario constituye uno de los tres nodos portuarios agroexportadores más importantes del mundo junto con Nueva Orleans, en Estados Unidos, y Santos, en Brasil. Se trata de un complejo industrial oleaginoso y portuario integrado por más de veinte terminales de embarque y setenta kilómetros de costa sobre el río Paraná, desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco.

La relevancia de la Hidrovía para las organizaciones criminales no reside únicamente en su extensión o en el volumen de mercancías transportadas. Su verdadero valor estratégico radica en la posibilidad de integrar rutas fluviales, terrestres y marítimas dentro de una misma cadena logística. Esta convergencia facilita la infiltración de economías ilícitas en los circuitos del comercio global y convierte al corredor Paraná-Paraguay en un espacio privilegiado para las actividades del crimen organizado transnacional.

El narcotráfico —junto al petróleo, las armas, los medicamentos falsificados y la trata de personas— constituye uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo. Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, en 2018 la droga movilizó en la provincia de Santa Fe más de 100 millones de dólares anuales. En 2022 se registró la cifra récord de 288 homicidios, manteniéndose el promedio en torno a los 200 asesinatos por año sobre una población de aproximadamente 1,4 millones de habitantes. El problema se encuentra asociado a elevados niveles de corrupción, debilidad institucional y limitaciones en materia de inteligencia criminal.

En síntesis, la importancia de la Hidrovía no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva económica. Se trata de una infraestructura estratégica donde confluyen comercio internacional, integración regional y criminalidad organizada. La magnitud del tráfico legal que circula por ella constituye, paradójicamente, uno de los factores que facilitan la ocultación de actividades ilícitas y explican el creciente interés de las organizaciones narcocriminales por controlar segmentos de esta red logística.

La Hidrovía en cifras

Según el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina, las principales características de la Hidrovía son:

• Extensión: 3.342 kilómetros desde Puerto Cáceres (Mato Grosso, Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay).
• Sistema fluvial: permite una significativa reducción de costos para el transporte de mercaderías.
• Barcazas: transportan un peso equivalente a treinta vagones ferroviarios de cincuenta toneladas cada uno o a cincuenta y cuatro camiones de veintiocho toneladas.
• Convoy: un conjunto habitual de dieciséis barcazas puede movilizar aproximadamente 300.000 toneladas anuales y unas 24.000 toneladas por viaje.
• Combustible: con un litro de combustible un camión recorre 25,1 kilómetros; el ferrocarril 85,8 kilómetros y una barcaza 218,4 kilómetros.

La dimensión del negocio

La magnitud del fenómeno puede apreciarse tanto en los volúmenes de droga transportados como en el valor económico que adquieren los cargamentos a medida que avanzan hacia los mercados de destino. Las cifras disponibles permiten dimensionar la importancia creciente de la Hidrovía Paraná-Paraguay dentro de las rutas globales del narcotráfico y comprender por qué este corredor logístico se ha convertido en un espacio de interés estratégico para numerosas organizaciones criminales.

Según la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, entre 2021 y 2022 transitaron por la Hidrovía decenas de toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de pintura, cueros, madera, carbón, arroz y maíz.

El Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de Naciones Unidas señala que el cultivo de coca se incrementó un 35 % durante ese período y que las incautaciones de la droga alcanzaron niveles récord a escala global. El informe también ubica a la Argentina entre los principales países de salida de cocaína de la región y como uno de los mayores exportadores de metanfetaminas de América hacia Europa, detrás de Brasil.

Los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia utilizan diversas rutas alternativas para llegar a los mercados internacionales. Una de ellas atraviesa Brasil, Bolivia, el norte argentino, Buenos Aires y Montevideo. Otra parte desde Colombia, cruza Brasil y Paraguay y recala en Uruguay antes de continuar hacia Europa y otros destinos.

Los principales mercados receptores de la droga continúan siendo los países europeos —España, Alemania, Bélgica y Países Bajos, entre otros—, además de África Occidental y, más recientemente, Australia. El valor de la cocaína por kilogramo oscila, según el grado de elaboración, pureza y distancia respecto del lugar de origen, desde unos pocos miles de dólares en Sudamérica hasta multiplicarse varias veces en Europa, alcanzando en 2023 valores cercanos a los 270.000 dólares por kilo en Australia.

La enorme diferencia de precios entre los países productores y los mercados de destino explica buena parte de la expansión de las redes criminales transnacionales y su creciente interés por controlar corredores logísticos seguros para el transporte de la droga.

Por otro lado, el incremento de los controles aduaneros en algunos de los países involucrados ha provocado el desplazamiento de parte de los cargamentos hacia los puertos uruguayos. Estos han sido adoptados como denominadas "rutas frías", es decir, corredores que históricamente han despertado menores sospechas y registrado menos incautaciones, lo que los convierte en espacios especialmente atractivos para las organizaciones criminales.

Solo al puerto de Nueva Palmira llegan miles de barcazas por año y, durante el último lustro, ha cobrado relevancia el grupo criminal denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU), surgido en las cárceles al igual que otras organizaciones sudamericanas como el Tren de Aragua, el Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital (PCC). El PCU ha sido vinculado a diversas amenazas, atentados y operaciones de tráfico de grandes cargamentos de droga, en algunos casos en alianza con otras organizaciones criminales de la región. De toda la cocaína incautada por la policía uruguaya en 2021, el 72 % transitó previamente por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La creciente relevancia de este corredor también ha despertado el interés de organizaciones criminales extranjeras. Solo en el año 2022, las autoridades europeas incautaron 323 toneladas de cocaína en sus principales puertos. En relación con estos destinos de tráfico se ha detectado la intervención de miembros de la mafia calabresa o Ndrangheta operando en Sudamérica y prestando servicios dentro de la cadena de suministro criminal, así como del denominado Cartel de los Balcanes, integrado principalmente por organizaciones albanesas.

Las organizaciones criminales contemporáneas ya no se limitan al tráfico de drogas. Con frecuencia participan simultáneamente en el contrabando, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y otras economías ilícitas, estableciendo alianzas flexibles que les permiten insertarse en las cadenas globales de comercio y transporte. Esta convergencia criminal constituye uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad y control aduanero de la región.

El volumen del tráfico crece anualmente y algunos operativos e incautaciones realizados en los países involucrados permiten apreciar la magnitud del fenómeno. Uno de los antecedentes más tempranos se remonta a 1978, cuando llegó al puerto de Rosario un cargamento de azúcar procedente de Bolivia que ocultaba 200 kilogramos de cocaína, en un contexto vinculado a los intereses y relaciones clandestinas existentes durante las dictaduras sudamericanas.

El uso de la Hidrovía para el transporte de droga presenta numerosos antecedentes. Se han detectado cargamentos ocultos en cajones con pulpa de fruta congelada, paquetes de alimento balanceado, carbón vegetal y ajo, entre otros productos de exportación.

En 2004, durante el operativo denominado Viñas Blancas, fueron incautados 200 kilogramos de cocaína y diez mil botellas de vino que contenían droga disuelta en su interior y cuyo destino final era Europa por vía marítima.

Posteriormente, en 2015, la denominada causa Narco Arroz reveló una nueva modalidad de ocultamiento. La organización investigada planeaba exportar cocaína impregnada químicamente en granos de arroz. En aquella operación se secuestraron 40 kilogramos de droga y se establecieron vínculos con el cartel colombiano del Norte del Valle.

Estos antecedentes permiten observar una constante adaptación de las organizaciones criminales a los mecanismos de control estatal. La diversificación de las modalidades de ocultamiento, la utilización de cargas legales y el aprovechamiento de las ventajas logísticas que ofrece la Hidrovía Paraná-Paraguay explican por qué este corredor continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico transnacional.

La metodología del tráfico

El éxito de las organizaciones criminales no depende únicamente de la producción de estupefacientes, del control territorial o de la disponibilidad de corredores de transporte. También requiere mecanismos sofisticados de ocultamiento y logística que permitan insertar la droga dentro de los circuitos del comercio legal internacional. En este contexto, la modalidad conocida como rip-off se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas para la exportación de cocaína desde Sudamérica hacia los principales mercados de consumo.

Los grupos criminales utilizan la modalidad rip-off o gancho ciego, método por el cual los narcotraficantes ocultan la droga en los contenedores de un buque que transporta una carga legal, mayormente vinculada al sector agroexportador (granos y harinas), ya controlada por la Aduana. Se rompen y luego se sueldan las bisagras del contenedor para introducir los paquetes o se utilizan precintos adulterados. Esta operatoria se lleva a cabo en el país de origen o en un puerto de trasbordo, así como también en mar abierto (drop-off), con el objetivo de evadir el control de los escáneres o cualquier otra medida de seguridad. La propia estructura del contenedor sirve para ocultar los narcóticos, ya sea utilizando espacios vacíos en paredes, techos, pisos, puertas o equipos de refrigeración. También se han detectado cargamentos de droga adosados al casco de los barcos, para lo cual se utilizan buzos especializados.

La palabra rip-off significa engaño o estafa. En la jerga carcelaria se denomina gancho ciego a quien presta ayuda (gancho) para cometer un delito sin saberlo (actúa ciego) y, aunque la empresa exportadora puede ser completamente ajena a la maniobra, la tripulación suele resultar cómplice o verse involucrada bajo amenazas. Entre otras similitudes, estas bandas están integradas por delincuentes de distintas nacionalidades y operan mediante redes transnacionales con funciones claramente diferenciadas.

Entre los casos más significativos de los últimos años, en 2023 la policía australiana decomisó más de 900 kilos de cocaína en un barco que había zarpado de Argentina tras pasar por dos terminales portuarias, una ubicada en el Gran Rosario y otra en La Plata. Se trataba de un carguero con bandera de las Islas Marshall que transportaba droga valuada en aproximadamente 212 millones de dólares, oculta dentro de un embarque de soja.

Con respecto al microtráfico, la Aduana Argentina incautó en los últimos años varios kilos de cocaína en numerosos envíos dirigidos a Australia, un destino que aparece de manera recurrente en distintas investigaciones. La droga se ocultaba en envíos postales, maquinarias o impregnada en mochilas, bolsos y equipajes transportados por pasajeros de aerolíneas comerciales.

También fueron detectadas en el aeropuerto internacional de Ezeiza decenas de kilos de cocaína ocultos en un embarque de caballos de polo con destino a los Países Bajos.

La diversidad de modalidades empleadas demuestra que las organizaciones criminales no dependen de un único sistema de transporte ni de un solo mecanismo de ocultamiento. Por el contrario, combinan grandes cargamentos marítimos con envíos postales, transporte aéreo y operaciones de menor escala, adaptándose permanentemente a los controles estatales y a las vulnerabilidades detectadas en cada punto de la cadena logística.

En términos estratégicos, el fenómeno revela una característica central del narcotráfico contemporáneo: la utilización de las mismas infraestructuras que sostienen el comercio mundial. Puertos, aeropuertos, depósitos fiscales, empresas de transporte y cadenas de suministro internacionales son aprovechados por las organizaciones criminales para ocultar actividades ilícitas dentro de flujos legítimos de mercancías y personas. La profesionalización de estas metodologías y su constante evolución constituyen uno de los principales desafíos para los organismos de control, inteligencia y seguridad de la región.

Conclusión

El análisis de la Hidrovía Paraná-Paraguay permite observar la progresiva consolidación de un corredor logístico de alta relevancia no solo para el comercio regional, sino también para las dinámicas contemporáneas del narcotráfico transnacional. La combinación de infraestructura fluvial, volumen de carga y multiplicidad de jurisdicciones involucradas ha generado un escenario particularmente complejo para los sistemas de control estatales.

A lo largo de las últimas décadas, las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambios en los mecanismos de fiscalización y a la evolución del comercio internacional. La diversificación de rutas, la utilización de cargas legales como cobertura y la incorporación de distintas modalidades de ocultamiento evidencian una lógica operativa flexible, orientada a maximizar la eficiencia logística dentro de circuitos globales cada vez más integrados.

Los casos analizados en distintos puntos de la región permiten advertir que la Hidrovía no constituye únicamente una vía de salida de mercancías, sino también un espacio donde convergen intereses económicos legales e ilegales bajo estructuras logísticas compartidas. Esta superposición explica, en gran medida, la persistencia del fenómeno y la dificultad para su contención.

En este contexto, la Hidrovía Paraná-Paraguay se configura como un escenario estratégico en disputa, donde la capacidad de control no depende exclusivamente de la extensión de los recursos de vigilancia, sino de la posibilidad de comprender la lógica de funcionamiento de las redes criminales que operan en su interior.

Anexo documental de mapas y estadísticas

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Infobae, edición del 14 de julio de 2016. Mapa elaborado por la ONU.

Las principales rutas del tráfico de cocaína en base a la UNODC:

1. La ruta del Caribe: La cocaína producida en Colombia y otros países de Sudamérica se transporta a través del Caribe hacia Estados Unidos y Europa.

2. La ruta de Centroamérica: La cocaína se transporta a través de países centroamericanos como México, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos.

3. La ruta del Pacífico: La cocaína se transporta desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Asia a través del Océano Pacífico.

4. La ruta de África Occidental: La cocaína se transporta desde Sudamérica hacia Europa a través de países de África Occidental como Nigeria, Ghana y Senegal.

5. La ruta de los Balcanes: La cocaína se transporta desde Sudamérica hacia Europa a través de los Balcanes.

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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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La Capital, edición del 25 de enero de 2023.

Las tasas de homicidio en Rosario son las más altas de toda la Argentina. Mientras en el país es de 4,1 por cada 100 mil habitantes, en la ciudad santafesina la cifra asciende a 22,1. En diez años la tasa de encarcelamiento de la provincia creció un 115% (290 presos por cada 100 mil habitantes en 2023). El sistema penitenciario aumentó la cantidad y violencia de las requisas, así como limitó el ingreso de visitas.

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La Capital, edición del 28 de enero de 2024. 

Bibliografía

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